OPINIÓN JURÍDICA REFERENTE AL LUGAR DONDE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO DE VIALIDAD POR PARTE DE LAS OFICINAS PÚBLICAS DE EL SALVADOR

Ha sido práctica habitual en las oficinas públicas utilizar la retención del impuesto de vialidad efectuado a los empleados para favorecer a determinadas alcaldías con un criterio político. No obstante, con el fin de salvaguardar la legalidad de las oficinas públicas, he realizado el siguiente análisis jurídico que trata de determinar en cuál alcaldía debe de enterarse dicho impuesto:

De acuerdo al artículo veintiséis de la Ley de Vialidad, “El impuesto deberá pagarse en el domicilio del contribuyente”, y lo dice dos veces, ya que seguidamente afirma que “El impuesto deberá pagarse en la Alcaldía del domicilio principal del contribuyente”. La misma ley en su artículo uno establece: “Para los efectos de la presente Ley se aplicará el concepto de domicilio que establece la Ley de Impuesto sobre la Renta”, la cual en esa parte fue derogada por el Código Tributario, el que a su vez establece en su artículo cincuenta y dos que “El domicilio tributario de contribuyentes y responsables es el lugar del asiento principal de la dirección y administración efectiva de sus negocios o actividad económica”, es decir, que el domicilio tributario de una oficina pública, bien sea una institución autónoma, empresa pública o ministerio, que es el que recoge la Ley de Vialidad, es el domicilio del lugar de trabajo de los empleados, por lo que el impuesto de vialidad deberá pagarse en la alcaldía del lugar de trabajo de cada uno de ellos, es decir, los que para los empleados que trabajan en San Salvador, deberán hacerlo en San Salvador, los que trabajan en Soyapango, deberán hacerlo en Soyapango, etc.

Algunas personas consultadas al respecto han manifestado que dicha ley, refiriéndose a la Ley de Vialidad, “no limita”, por lo que “nos faculta a pagar dicho impuesto en otra Alcaldía”. Dicha afirmación debe analizarse desde dos puntos de vista distintos y contrapuestos: Desde el punto de vista de una persona particular y desde el punto de vista de una oficina pública.

a)    En cuanto a las personas particulares, que son los sujetos pasivos de dicho impuesto, se debe aplicar el principio de legalidad establecido en el artículo ocho de la Constitución de la República: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe”, por lo que efectivamente, un particular al no verse limitado por lo establecido en la ley, puede hacer todo aquello que la misma no le prohíba expresamente, y podrá, si no está expresamente prohibido, pagar su impuesto de vialidad en la alcaldía de su preferencia.

b)    Diferente el caso de las oficinas públicas, a las cuales la Alcaldía correspondiente solicita llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo veintisiete de la Ley de Vialidad y cobrar a los empleados por el sistema de retención. En este caso no puede aplicarse el principio de legalidad general, sino el de legalidad de los funcionarios públicos, establecido en el artículo ochenta y seis inciso tercero de la Constitución de la República, que dice: “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, es decir, que en este caso, no es posible argumentar que si una ley “no limita” entonces “faculta”, pues tratándose de oficinas públicas, todos los actos de sus funcionarios deben ser fundamentados en facultades expresas de la ley, tal como lo establece el artículo ya citado, es por ello que en este caso los impuestos de vialidad de los empleados, deben pagarse en la Alcaldía donde dicha oficina pública tiene su domicilio y no en otra, pues la ley no faculta expresamente a pagarlos en otro lugar.

Consecuentemente, es mi opinión que el impuesto de vialidad, si se va a hacer uso del sistema de retención, debe pagarse en la Alcaldía del municipio donde la respectiva oficina pública tiene su domicilio, y en caso de tener oficinas en distintos municipios, los de los empleados que en el mismo laboran, pues en dicha alcaldía.

Ahora bien, debido a esta situación, en la cual los sujetos de retención remiten el impuesto de forma arbitraria a los municipios de su conveniencia, no coincidiendo muchas veces con el domicilio de los contribuyentes, la Asamblea Legislativa reformó, en octubre de 2010, el inciso segundo del artículo veintiséis de la Ley de Vialidad de la siguiente manera:

"El impuesto deberá pagarse en el Municipio del domicilio que aparece en el Documento Único de Identidad del contribuyente. Para este efecto los Pagadores Habilitados Oficiales, Tesoreros Municipales o Sujetos de Retención, deberán retener el referido impuesto y enviarlo al Municipio donde corresponda el domicilio del contribuyente que aparece en el respectivo Documento Único de Identidad. Al que pagare su impuesto en otro Municipio distinto del que le corresponde conforme a la regla anterior, no le será abonado dicho pago cuando se le exija que lo haga en el municipio donde debió pagarlo, salvo que lo haya efectuado por igual o mayor cantidad que la señalada por esta ley."

De acuerdo con la reforma, debe utilizarse el domicilio establecido en el Documento Único de Identidad de cada contribuyente, con lo que aparentemente se soluciona el problema de los sujetos de retención enviando a pagar el impuesto a la alcaldía de su preferencia.